Ricardo Monreal prevé sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados para aprobar leyes secundarias a la reforma judicial.
2 minutos de lecturaEl Senado y Cámara de diputados podría aprobar las reformas a las leyes secundarias del Poder Judicial esta semana, con la convocatoria para elección de magistrados y jueces como prioridad.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que es probable que se convoque a una sesión extraordinaria esta semana para revisar y aprobar las reformas a las leyes secundarias de la Reforma al Poder Judicial. Esta medida surge luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum enviara las propuestas al Senado, y de que se espera que estas sean aprobadas el miércoles 9 de octubre.
Monreal explicó que, una vez que el Senado dé luz verde a las iniciativas, la Cámara Baja se reunirá de inmediato para actuar conforme a la ley.
“Si el miércoles, o el jueves, o estos días de la semana, aprueba el Senado de la República estos instrumentos jurídicos legales, nosotros vamos a sesionar de inmediato esta semana para lograr revisarla y actuar conforme lo mandata la ley y la Constitución”, afirmó Monreal en conferencia de prensa.
La urgencia de aprobar estas reformas radica en el mandato constitucional que estipula que la convocatoria para la elección de magistrados, jueces y ministros debe ser expedida por el Senado a más tardar el 16 de octubre. Sin una ley reglamentaria clara, la emisión de dicha convocatoria podría ser objeto de controversia, detalló Monreal.
El senador también especificó que las leyes reglamentarias incluirán la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, los comités de evaluación y los mecanismos para la selección de candidatos, entre otros aspectos. “Lo que queremos evitar es que la convocatoria se convierta en un instrumento legislativo y, por eso, necesitamos que la ley reglamentaria establezca de manera clara los procedimientos para todo el desarrollo del proceso electivo”, agregó.
Además, Monreal enfatizó la importancia de contar con un marco legal sólido que regule la elección de las autoridades judiciales, para garantizar que los procesos se realicen conforme a los principios de transparencia y legalidad.